Cinco personas que viajaban en un colectivo: dos pasajeros, el dueño del colectivo y dos choferes, proveniente de Río Negro con destino a Jujuy, fueron imputadas ayer acusadas de propagar el coronavirus. El caso ocurrió el jueves pasado cuando en un control sobre la ruta 34, Cabeza de Buey, se constató que dos salteños que descendieron no estaba incluidos en la nómina del pasaje. Además se verificó que los mismos habían convivido con un paciente contagiado con coronavirus, quien se encuentra hospitalizado en Río Negro. Frente a la gravedad del caso, el fiscal federal Francisco Snopek solicitó la detención, tanto de los dos pasajeros, oriundos de Colonia Santa Rosa, como del propietario de la empresa de colectivos Azabache quien también viajaba sin estar registrado y autorizado -, y dos choferes, medida que fue avalada por el juzgado de Garantías.
La Unidad Fiscal Salta formalizó el viernes la primera investigación penal por los delitos previstos en los artículos 202 y 205 del Código Penal, en el marco de las infracciones a las medidas sanitarias dispuestas por la pandemia del COVID-19. La imputación, que se tramita bajo el proceso de flagrancia, es dirigida por el fiscal Francisco Snopek.
El caso, presentado ayer en una audiencia que se extendió por más de dos horas, dio cuenta de la conducta desplegada por dos pasajeros, dos choferes y el propietario de un colectivo de larga distancia, quienes fueron acusados de no sólo incumplir las medidas de control vigentes respecto al traslado de ciudadanos dentro del país, sino también de haber incurrido gravemente en la propagación del virus.
Ante el juez federal de Garantías Julio Bavio, y con las partes conectadas por video conferencia, el fiscal Snopek indicó que las irregularidades se advirtieron el viernes a la mañana, en el puesto de control de Cabeza de Buey, ubicado sobre la ruta 34 en un colectivo que trasladaba más de 50 pasajeros.“ El micro, procedente de la provincia de Río Negro, se dirigía a Jujuy, aunque en el puesto de control, seis pasajeros oriundos de Salta descendieron para dirigirse a esta ciudad. Al constatar el Documento Universal de Transporte (DUT) y la correspondiente autorización de circulación de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, se pudo establecer que dos de los 55 pasajeros declarados, no estaban incluidos en la nómina del pasaje”, explicó el fiscal.
La situación se agravó aún más cuando personal de la Policía de la Provincia informó que a uno de los pasajeros descendido se le había aplicado el protocolo COVID-19 en Tucumán, a lo que se sumó la confirmación desde la CNRT que los dos pasajeros faltantes no habían sido declarados.“ Esto provocó que se activara el protocolo, por lo que junto a mi equipo de auxiliares nos trasladamos al lugar, donde llevamos adelante, con los representantes del Comité Operativo de Emergencia, las medidas preventivas en resguardo de la salud y riesgo de propagación de la enfermedad”, se señaló.
En la audiencia, Snopek explicó que producto de las constataciones se estableció que los dos pasajeros que no estaban incluidos tampoco tenían la certificación médica del caso. “Y mucho peor, se verificó que los mismos habían convivido con un paciente contagiado con coronavirus, quien se encuentra hospitalizado en Río Negro”, resaltó.
Frente a la gravedad del caso, el fiscal federal solicitó la detención, tanto de los dos pasajeros, oriundos de Colonia Santa Rosa, como del propietario de la empresa de colectivos Azabache quien también viajaba sin estar registrado y autorizado -, y dos choferes, medida que fue avalada por el juzgado de Garantías.
Asimismo, se dispuso la internación de los seis pasajeros en el hospital Joaquín Castelllanos, de General Güemes, donde se realizaron los estudios correspondientes a fin de verificar el estado de salud, quienes no presentaban síntomas compatibles con la enfermedad.
Para concretar la detención, y dada la situación del resto de los pasajeros que se dirigían a Jujuy, se dispuso que personal de Gendarmería Nacional y las policías de cada provincia custodiase al micro hasta esa provincia, donde los ocupantes descendieron y fueron puestos en cuarentena por las autoridades sanitarias jujeñas. Posteriormente, el dueño de la empresa y los choferes regresaron a Salta, donde finalmente se concretó la detención del dueño del micro, los choferes y los dos pasajeros que no fueron registrados en el DUT.
Conducta temeraria
En su acusación, Snopek solicitó que el caso siga el trámite bajo el proceso de flagrancia por los delitos establecidos en los artículos 202, el cual establece una pena de 3 a 15 años de prisión para el que “propagare una enfermedad peligrosa y contagiosa para las personas”.
Asimismo, pidió también la calificación establecida en el artículo 205, con una pena de seis meses a dos años de prisión, en este caso por violar “las medidas adoptadas por las autoridades competentes para impedir la introducción o propagación de una epidemia”, al haber omitido deliberadamente tramitar el permiso de circulación correspondiente.
En sus fundamentos, Snopek resaltó la conducta temeraria de los imputados, quienes, pese a haber tenido conocimiento de que eran contactos estrechos de un infectado, no guardaron la cuarentena obligatoria y emprendieron el regreso a Salta.
Señaló, asimismo, que la conducta de los choferes y dueño de la empresa no es menor, pues incumplieron de manera deliberada la normativa vigente para el transporte de pasajeros entre provincias, dado que tienen a su cargo el control sobre el ascenso y descenso de pasajeros, con lo cual pudieron haber facilitado la propagación del coronavirus.
Snopek destacó la tarea de las fuerzas actuantes, que al advertir la situación irregular inmediatamente activaron el alerta. “Las medidas de control dispuestas por la autoridad nacional se aplican, casualmente, para evitar la propagación de la enfermedad, por lo que exigen no sólo el cumplimiento a raja tabla de las personas, caso contrario todo el esfuerzo aplicado no sólo pierde valor sino que, aún más peligroso, genera un enorme riesgo a la salud, como hubiera sucedido en caso de no haberse advertido esta situación”, resaltó.
Por entender que los imputados actuaron con dolo, conscientes de que las medidas que incumplían eran aptas para propagar el virus que padece el ex conviviente, la fiscalía solicitó que se mantenga la detención de los cinco imputados por el término de 10 días, que se hará efectiva en el lugar dispuesto por la autoridad sanitaria de la provincia para el cumplimiento del aislamiento obligatorio. Ademáse requirió que se confirme el procedimiento de flagrancia y se conceda un plazo de 10 días para la recolección de las pruebas, como así también otras diligencias de producción de pruebas pendientes.
Tras un extenso debate sobre la posición de la fiscalía y la defensa, finalmente el juez Bavio resolvió dar por formalizada la imputación por los delitos requeridos por el fiscal , como así también convalidó el procedimiento de flagrancia y autorizó un plazo de 10 días para investigar.
Entretanto, se espera conocer este fin de semana si efectivamente hubo contagios al resto de los pasajeros, que ahora se encuentran debidamente aislados en las provincias de Salta y Jujuy, a cargo de las autoridades sanitarias respectivas.
