SALTA EL FISCAL PENAL MAXIMILIANO TROYANO SOLICITÓ AL JUEZ HUGO FERNÁNDEZ QUE PROCEDA DESOCUPAR EL TERRENO USURPADO EN LA ZONA SUDESTE
El Gobierno aguarda que la Justicia sea la encargada de ponerle fin al avance de las usurpaciones que ocurrieron en distintos puntos de la ciudad durante los últimos cuatro días. Pareciera que la problemática no tiene relación con el viejo reclamo que volvieron a realizar los usurpadores: la falta de tierras y lotes prometidos pero nunca entregados. Puntualmente, el Gobierno provincial espera que hoy, el juez Hugo Esteban Fernández, ejecute el desalojo de las más de 1.000 familias que el viernes pasado se instalaron ilegalmente en el barrio San Remo.
La solicitud del desalojo la realizó el fiscal penal Maximiliano Troyano en base a la denuncia que el apoderado de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat, Gustavo Dip, rubricó el mismo día de la toma.
Lo cierto es que la situación es tensa por la cantidad de grupos familiares con niños que se asentaron en el barrio San Remo y en La Lonja III. En la primera zona, ya hay instaladas 1.300 familias en un predio de 39,6 hectáreas, en tanto que la segunda, son 84 desplegadas en dos manzanas, también fiscales.
Lo cierto es que el descontrol de las usurpaciones encuentra explicación no solo en las especulaciones que hacen determinados punteros políticos y barriales sino principalmente en la falta de respuestas del Ejecutivo provincial a las sucesivas demandas de tierras seguidas por ocupaciones.
Los cabecillas de la toma en San Remo advirtieron que el desalojo no solucionará el problema porque volverán a ocupar terrenos si el Ejecutivo no da respuestas al flagelo habitacional.
Por el momento, ningún funcionario se acercó a los terrenos tomados para acordar con los usurpadores una vía de solución efectiva. Sin embargo, muchos de éstos estuvieron a pocos metros de la zona usurpada ilegalmente en San Remo, cuando participaron del evento del Dakar en el Centro de Convenciones. Omitieron acercarse para interiorizarse del problema y eso tensó más la situación. La máxima acción del Ejecutivo se limitó a la emisión de un comunicado -recién ayer- en el que destaca que: “El Gobierno de la Provincia espera una rápida respuesta de la Justicia respecto a este tema. No obstante realizará todas las acciones que habilita la ley para evitar la comisión de delitos”.
Otra ciudad
Llegar hasta el terreno de 39,6 hectáreas en la zona sudeste genera sorpresa por la cantidad carpas instaladas.
El cuadro de situación ayer por la tarde era el siguiente: el lugar se encontraba cercado por vallas que colocó la Policía para evitar que más okupas llegaran al lugar. Los efectivos impedían que los ocupantes ingresaran con alimentos después de las 14 horas. Hubo reuniones de delegados y el resultado fueron duras críticas a las promesas del Gobierno de Salta.
“Vivimos como podemos. Nos turnamos para higienizarnos en la casa de algún familiar y ahora estamos complicados con la comida porque los policías no dejan que entremos alimentos al predio”, contó Silvia, una ocupa. Todos los que habitan allí fueron censados por los cabecillas que organizaron la toma luego de que el Gobierno les prometiera en sucesivas oportunidades que ahí se instalarían. Hay 24 delegados. Cada uno tiene un listado de la gente a su cargo.
“Nos prometieron estos terrenos y vamos a insistir hasta que nos los entreguen. No cobramos dinero como dicen. Pero si no nos organizamos, nos ignora el Gobierno”, expresó Pablo, uno de los delegado a El Tribuno. Sebastián, que cumple el mismo rol, dijo que “nadie vino para hablar con nosotros. Ni siquiera para decir qué solución puede haber si nos vamos de estos terrenos fiscales. Nadie”.
Versiones cruzadas entre vecinos y ocupantes
Entre los vecinos de los 16 barrios que rodean el terreno ocupado en San Remo -zona sudeste de la ciudad- y los ocupantes, hay versiones cruzadas y hasta acusaciones.
Los vecinos organizados reclamaron nuevamente ayer porque -aseguraron- no están dispuestos a que se instale un asentamiento, ya que ello generaría inseguridad y desvalorizaría el valor de sus propiedades. Acusan incluso que desde el viernes, ya se registraron pequeños hechos delictivos.
Por otro lado, los ocupantes se mostraron enojados y hasta dolidos con las acusaciones.
“No podemos creer lo que los vecinos dicen. No son verdades y ellos lo saben. Nadie pide nada. Ellos no entienden lo que es tener hijos y dormir en la calle todos los días”, dijo llorando Gloria. Desmintieron posibles saqueos y les pidieron comprensión.
También se mostraron molestos con el concejal Abel Moya, porque aseguran -y son muchos los que lo nombran recurrentemente- que prometió esas tierras durante la campaña en la que se presentó como concejal.
Los vecinos ya sabían que en ese predio se iban a instalar ocupantes porque estaba libre.
Sin embargo, el Ejecutivo provincial les prometió el año pasado, cuando comenzaron las primeras reuniones ante los rumores de ocupación, que ello no ocurriría y que la gente no se instalaría allí hasta que no estén los servicios de luz, agua y cloaca. La promesa no se cumplió.
Advierten la vigencia Decreto de Emergencia Habitacional
En diálogo con El Tribuno, el coordinador de Tierra y Hábitat de la Provincia, Sergio Usandivaras, advirtió que el decreto de Emergencia Habitacional Nº 4.441 aún sigue vigente. A través de éste, aquellos que toman tierras de manera ilegítima pierden el derecho a recibir un lote fiscal para construir una vivienda, ya que quedan excluidos del programa Comunidad Organizada y de los registros de la Subsecretaría de Tierra y Hábitat.
Esa norma entró en vigencia en octubre de 2008 y el Ejecutivo consideró, en aquel momento, que era un arma eficiente para luchar contra los usurpadores. Aunque claro está que la norma fue pasada por alto en varias ocasiones.
Consultado acerca de los motivos por los que como funcionario del área de Tierra y Hábitat no se acercó a los predios ocupados para encontrar canales de solución a través del diálogo, Usandivaras dijo que no fue y no irá tampoco a hablar con los ocupantes. No lo considera necesario. También sostuvo que en ese predio de 39,6 hectáreas en San Remo, que pertenecía a la familia Burgos y que fue expropiado por el Estado en 2012, el Ejecutivo retomará el proyecto para hacer 900 lotes que fue frenado por los amparos que los vecinos de los barrios colindantes presentaron para evitar la formación de un villa. “Los amparos de los vecinos impidieron que se realice el nivelado y las tareas necesarias para entregar los lotes”, dijo Usandivaras.
Entre los usurpadores de San Remo, muchos mostraron a El Tribuno la constancia de preadjudicación expedida por la Subsecretaría de Tierras y Hábitat. Usandivaras confirmó que fueron entregadas dichas constancias pero que la adjudicación directa no se realizó por los medidas judiciales que recaen sobre el terreno.
Hoy, brindarán una conferencia a las 9,30 en el Centro Cívico Grand Bourg para decidir cuál será el proceder del Ejecutivo ante la problemática que golpea a miles de familias que se encuentran asentadas.
El enojo de los vecinos con el organismo que conduce Usandivaras es notable.
