Hay malestar en la fuerza policial, y no viene precisamente desde la cúpula. Todo lo contrario. La queja la abrieron los más de 500 aspirantes a policía (sobre todo los familiares de éstos) que ya terminaron la carrera de dos años y que esperan ser ascendidos al cargo de agente.
Reclaman que el nombramiento para pasar a integrar la fuerza como agentes está demorado, y que no obstante ello los hacen trabajar como agentes por una beca de $1.000 (cuyo pago registra atrasos, según informan), cuando quien desempeña tal función cobra $3.500. De un total de 800 aspirantes, solo 250 fueron nombrados agentes, en tanto que 650 esperan que el gobernador Juan Manuel Urtubey firme el decreto que los incorpore como efectivos policiales. “No es justo los que nos están haciendo. Dicen que nos van a pasar como agentes en tandas. Ya nombraron a 200 y hay 650 esperando lo mismo. La impotencia nuestra es que no podemos vivir con $1.000”, explicó un aspirante que pidió no ser identificado por su nombre.
El padre de uno de ellos que espera el ascenso explicó: “Es una injusticia. Hay chicos que vienen del interior y ni siquiera pueden pagar un alquiler. Además, hace tres meses que no cobran y encima trabajan más de 8 horas”. Desde el Ministerio de Seguridad informaron a El Tribuno que los nombramientos se van a realizar, solo que por grupos y no a todos a través de un único decreto. A su vez, explicaron que si desempeñan funciones como agentes y cobran como aspirantes, es porque se están capacitando y están dentro de un período de aprendizaje. Incluso, Eduardo Sylvester, cuando estalló el problema, dijo que el Gobierno tiene la potestad de decidir cuándo se realizan los nombramientos y consideró que el reclamo no posee entidad. No obstante, los aspirantes explican que tuvieron dos años de capacitación tanto teórica como práctica.
“La Policía forma agentes sin pagarles. Son cientos los jóvenes afectados que por temor no quieren hacer ningún tipo de denuncia”, sostuvo Serrano. Y añadió que “los aspirantes tienen que hacer 2 años de carrera policial ganando una suma irrisoria con la que ninguna familia puede vivir, y recién llegan a agentes”, explicó a El TribunoRodolfo Serrano, expolicía y presidente de la Fundación Azul para la Familia Policial, que cobija a efectivos en función y a retirados.
Serrano es crítico con la gestión del Ministerio de Seguridad. Asegura que Eduardo Sylvester, titular de esa cartera, “llegó sin experiencia en seguridad y desconoce tanto la situación como las soluciones aplicables para cada uno de los problemas que hoy tiene la fuerza policial salteña”, aclaró.
Carrera policial
En 2010 se llevó adelante una modificación en la carrera policial que se extendió de 8 meses a 2 años. Con esto, un aspirante pasó a cobrar $1.000 mensuales durante 24 meses en lugar de que lo haga por 8 meses y luego ascienda al cargo de agente. Mientras esperan ser nombrados oficialmente como agentes por el Ejecutivo, los hacen trabajar como tales, pero con un sueldo que está por debajo de la canasta básica de alimentos.
Los familiares de los aspirantes denuncian que muchos son padres de familias y con $1.000 no pueden sostenerse.
El Ministerio de Seguridad informó que serán incorporados pero en tandas. Los aspirantes tendrán que esperar.
CENTRAL DE LA POLICÍA | HAY 500 ASPIRANTES ESPERANDO EL NOMBRAMIENTO
Curioso resultó no solo para la víctima sino para todo aquel que pudo acceder a la resolución 1.458 de la Dirección de Recursos Humanos de la Policía de Salta. Mediante ésta, se le comunica al expolicía Rodolfo Serrano que a raíz de diferentes artículos publicados (en el año 2010) en un medio gráfico en los cuales “el presidente de la Fundación Azul para la Familia Policial, el agente Rodolfo Orlando Serrano, realiza comentarios maliciosos en contra de jefes de diferentes dependencias policiales, del jefe de Policías y de autoridades gubernamentales”, el jefe de Policía de la Provincia resuelve: “Responsabilizar administrativamente y sancionar al agente legajo N§ 9.809 con quince (15) días de arresto por infracción al artículo 293 inciso c), p), e y) última parte en concordancia con el artículo 28 inciso g) y artículo 33 de la ley 6.193/83 del personal policial.
Serrano expresó que la notificación “pretende castigarme por haber llevado a un policía a un medio para que denuncie la agresión que había recibido en una comisaría. Los artículos fueron publicados en el año 2010, durante la gestión de Argañaraz (ex jefe de Policía)”.
El expolicía se desempeñó como agente durante 25 años, y a partir de allí se retiró de la fuerza. “Prohibirme que hable va en contra de la Constitución que me garantiza el derecho a la libre expresión. Hay muchas reglas dentro de la fuerza que son viejas y que van en contra de la democracia”, manifestó Rodolfo Serrano.
La resolución N§ 1.458 hace referencia a que Serrano realizó “comentarios maliciosos y falsas imputaciones (...) incurriendo con ello, en un marcado acto de inconducta e incumplimiento de los deberes impuestos al personal policial retirado”.
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