Las obras sociales, prepagas y el sistema público de salud deben cubrir el 100% de los medicamentos, estudios y prácticas médicas.
La Cámara de Senadores aceptó las modificaciones introducidas en Diputados y convirtió en ley la iniciativa presentada por la representante salteña Sonia Escudero que otorga una serie de beneficios para las personas trasplantadas y como así también para aquellas que se encuentran en lista de espera para un trasplante.
Entre otros aspectos, la norma garantiza la cobertura por parte de obras sociales, empresas de medicina prepaga y el sistema público de salud del 100% de los medicamentos, estudios y prácticas médicas de todas las patologías relacionadas directa e indirectamente con el trasplante.
Por otra parte, las personas trasplantadas tendrán derecho a viajar tanto en el sistema terrestre como fluvial en forma gratuita, junto a un acompañante, “entre su domicilio y cualquier destino al que deban concurrir por razones asistenciales”. Asimismo contempla que, en casos de necesidad, podrán viajar en transporte aéreo.
La vivienda es otro de los ítems abordados por la ley. En tal sentido, sostiene que el Ministerio de Salud de la Nación deberá promover -ante los organismos pertinentes- la adopción de planes y medidas para facilitar el acceso a una vivienda adecuada o bien su adaptación según las necesidades de cada paciente.
“Esta iniciativa ordena al Estado Nacional a pagar una asignación mensual equivalente a la pensión por invalidez para las personas trasplantadas que se encuentren en situación de desempleo forzoso y que no cuenten con ningún otro beneficio previsional”, explicó Escudero.
Según un relevamiento del INCUCAI (realizado entre 2010 y marzo de 2013) sobre 4 mil pacientes: sólo el 29% tenía un empleo, el 27% estaba jubilado, mientras que el 37% se encontraba desempleado. “Ese es el universo de personas que esta ley busca proteger”, puntualizó la senadora por Salta.
La norma, que fue votada por unanimidad por la cámara alta, procura garantizar la continuidad laboral de los trasplantados. En ese sentido, se asegura que “ser trasplantado, donante relacionado, o encontrarse inscripto en lista de espera del INCUCAI no podrá ser causal de impedimento para el ingreso o continuidad de una relación laboral, tanto en el ámbito público como privado”. El desconocimiento de este derecho, según reza la iniciativa, será considerado un acto discriminatorio.
Asimismo, contempla licencias especiales para que los trasplantados puedan realizarse controles en forma periódica. Además la ley dispone importantes beneficios impositivos para las empresas que den trabajo a un trasplantado (permitiéndoles deducir del pago ganancias el 70% de los sueldos pagados).
El Ministerio de Trabajo de la Nación deberá promover, por otra parte, programas de empleo, emprendimientos y talleres protegidos para este universo de personas, que en total suma unos 18 mil trasplantados y más de 7 mil en lista de espera en todo el país.
