La Justicia tiene en la mira a parte de los 3000 ciudadanos de ese país radicados en la frontera del norte argentino; creen que usan esta pantalla para movilizar fondos de actividades ilícitas.
Desde hace más de tres años en Orán, Pichanal, Yrigoyen, Tartagal y Salvador Mazza, es común ver a ciudadanos colombianos que recorren las calles con carros cargados de muebles para vender.
Funcionarios judiciales y policiales desconfían y sospechan que ocultan otras actividades, como lavado de dinero.
"Estoy muy preocupado porque hay una importante cantidad de ciudadanos colombianos", sostuvo el juez federal de Orán, Raúl Reynoso, que tiene bajo su jurisdicción 700 kilómetros de frontera con Bolivia.
El magistrado ya había encendido la luz de alarma hace dos semanas cuando estuvo invitado en el Coloquio de IDEA para hablar ante empresarios nacionales.
La comunidad de colombianos en la frontera se defiende y afirma ser discriminada y estigmatizada porque la comparan con compatriotas narcotraficantes, paramilitares y sicarios.
Reynoso explicó que hace diez días estuvo reunido con funcionarios nacionales y con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para hablar sobre el tema y otros problemas de la frontera caliente del contrabando.
"En la frontera hay organizaciones internacionales de delincuentes. Tengo personas detenidas de Colombia, Ecuador, Portugal y Europa del Este", agregó el juez.
En la fiscalía de Violencia de Género de Orán hay una causa a punto de ser elevada a juicio contra tres ciudadanos colombianos acusados del delito de amenazas.
La víctima fue una mujer a la que le prestaron dinero y no pudo devolvérselo.
"Utilizan el mismo método que todos los usureros. Los muebles son una excusa para entrar en confianza con la gente. Le prestan poca cantidad de dinero a mucha gente. Los intereses son bajos", sostuvo una fuente judicial que investigó un caso de amenazas por parte de ciudadanos colombianos.
Muchos de los ciudadanos colombianos entran en Salta por el paso internacional Aguas Blancas-Bermejo, en la frontera con Bolivia, con documentación en regla. "Pero también hay gente que ingresa en el país por pasos no habilitados", explicó una fuente de la Dirección Nacional de Migraciones.
